PUBLICACIONES JUDICIALES
Esta sección asegura que las acciones constitucionales de PLA sean accesibles al público, cumpliendo con la obligación de publicidad procesal y el derecho a la información ambiental. Al publicar los detalles de los procesos, PLA empodera a las comunidades afectadas, facilita el control social sobre la administración de justicia y promueve la participación activa en la defensa de los derechos colectivos y ambientales. Los casos publicados buscan no solo reparaciones, sino también establecer precedentes que fortalezcan la gobernanza ambiental en Colombia.
DEFENSA DE LOS INTERESES COLECTIVOS
Se puede acceder a una breve descripción de las acciones jurídicas de la PLA y podrá descargar providencias
Demanda de Acción Popular contra el proyecto PLM - Sgunda Instancia (TAC)
Núm. del proceso: 11001334205320210028601
Núm. del proceso: 25000234100020220069600
La demanda presentada por Ericsson Ernesto Mena Garzón ante el Juzgado 53 Administrativo del Circuito de Bogotá aborda un daño ambiental significativo derivado de la construcción del Metro de Bogotá. El problema central radica en la afectación a la fauna silvestre, particularmente a la entomofauna (insectos invertebrados y aves migratorias), debido a la tala, poda, traslado y remoción de cobertura vegetal, así como a la invasión de rondas hídricas y suelos en sectores clave como el patio taller en Bosa, la intersección de la Avenida Villavicencio con la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO), y otras áreas a lo largo de la línea del Metro. Esta incluye tramos desde Bosa hasta la Calle 78, atravesando localidades como Kennedy, Puente Aranda, Barrios Unidos, Mártires, Antonio Nariño, Chapinero, Teusaquillo y Santafé.
El daño ambiental se agrava por la falta de estudios adecuados por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente y la Empresa Metro, que no consideraron el impacto en el equilibrio ecológico ni en la biodiversidad. La construcción ha implicado la remoción de árboles y vegetación nativa, alterando hábitats esenciales y amenazando especies protegidas. Además, se señala la ausencia de un manejo racional de los recursos naturales, lo que compromete el desarrollo sostenible y el goce del espacio público. La demanda resalta que estas acciones han generado un deterioro ambiental irreversible en áreas de importancia ecológica, exigiendo medidas urgentes para mitigar los efectos y preservar la fauna y flora afectadas.
Demanda de Acción Popular contra Carbones del Cerrejon una compañia de "Glencore" , ANLA y Otros - Primera Instancia (TAC)
La demanda presentada por Ericsson Ernesto Mena Garzón ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca revela un caso significativo sobre la protección de los derechos ambientales en Colombia. A través de una acción popular, los demandantes buscan salvaguardar el arroyo Bruno de un proyecto de modificación de cauce propuesto por la empresa Cerrejón. La demanda no solo se centra en la defensa de un cuerpo de agua, sino que también aboga por la protección de derechos colectivos más amplios, como el goce de un ambiente sano, la existencia de un equilibrio ecológico, y la seguridad y salubridad públicas.
Los demandantes argumentan que el proyecto de Cerrejón, que forma parte de la ampliación de una mina de carbón, carece de estudios rigurosos sobre la fauna silvestre de la zona. Se teme que las actividades planeadas —tales como la tala, la remoción de suelos, el aprovechamiento hídrico, el endurecimiento de terrenos y las perforaciones— tengan un impacto nocivo en los ecosistemas locales. Además, señalan que el uso de maquinaria pesada podría compactar el suelo y perturbar la vida silvestre, lo que podría llevar a la captura y el ahuyentamiento de animales. Estas acciones, según la demanda, afectarían tanto a los cuerpos de agua superficiales como a los subterráneos.
Para evitar el presunto daño, los demandantes han solicitado al tribunal que ordene la suspensión de toda intervención en el arroyo y que decrete una medida cautelar. Esta medida de protección propuesta busca establecer una ronda de 400 metros alrededor del cauce del arroyo Bruno, impidiendo cualquier actividad que cause su degradación o afectación. La demanda también busca la vinculación al caso de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (CORPOGUAJIRA).
En respuesta, el tribunal ha decidido admitir la demanda y avocar el conocimiento del caso, reconociendo que le corresponde a él, como Tribunal Administrativo, manejar asuntos que involucran a una autoridad del orden nacional, como la ANLA. Si bien el tribunal procedió con la admisión, rechazó la solicitud de amparo de pobreza de los demandantes, argumentando que no cumplieron con los requisitos legales para demostrar su incapacidad económica para cubrir los costos del proceso. Esta decisión, aunque administrativa, resalta las barreras que enfrentan los ciudadanos al intentar defender sus derechos colectivos. El caso continúa su curso con la notificación a las partes demandadas, y la orden de informar a la comunidad sobre el proceso en un medio de comunicación masivo.
Demanda de Acción Popular contra el Ministerio de defensa Nacional - Primera Instancia (TAC)