Donde hay poca justicia es un peligro tener razón. (Francisco de Quevedo)
La Justicia Ambiental en Colombia.
Colombia, megadiversa y rica en recursos naturales, enfrenta graves conflictos socioambientales por deforestación, contaminación y actividades extractivas. Sin embargo, la ausencia de una jurisdicción ambiental especializada, la falta de formación en servidores públicos y la carencia de infraestructura adecuada limitan la justicia ambiental efectiva, comprometiendo derechos constitucionales (art. 79, Constitución de 1991) y tratados como el Acuerdo de Escazú (Ley 2277 de 2022).
Jurisdicciones Existentes sin Foco Ambiental
La Rama Judicial colombiana, regulada por la Ley 270 de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia), incluye varias jurisdicciones especializadas, pero ninguna aborda exclusivamente lo ambiental:
Jurisdicción Ordinaria: Regulada por el Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012) y el Código Penal (Ley 599 de 2000). Maneja casos civiles, penales, laborales y de familia, pero no ambientales específicamente.
Jurisdicción Contencioso-Administrativa: Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo). Resuelve disputas con entidades públicas, incluyendo algunos casos ambientales, sin especialización.
Jurisdicción Constitucional: Protege derechos fundamentales (Ley 270 de 1996, art. 43), como el ambiente sano, pero solo vía tutela.
Jurisdicciones Especiales:
Indígena: Art. 246 de la Constitución; Decreto 1801 de 2000.
Penal Militar: Ley 1407 de 2010.
Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): Acto Legislativo 01 de 2017; Ley 1957 de 2019.
Agraria y Rural: Ley 160 de 1994.
Disciplinaria: Ley 734 de 2002.
Jueces de Paz: Ley 640 de 2001.
A pesar de normas ambientales como la Ley 99 de 1993 (Sistema Nacional Ambiental) o la Ley 1333 de 2009 (sanciones administrativas), los casos ambientales se diluyen en estas jurisdicciones, sin enfoque técnico.
Problemas Clave
Falta de Jurisdicción Ambiental: Los conflictos socioambientales se tramitan en juzgados ordinarios o contencioso-administrativos, donde los jueces carecen de especialización, generando fallos inconsistentes.
Servidores sin Formación: Jueces y funcionarios no tienen experticia en derecho ambiental, ecología o conflictos socioambientales, lo que limita la aplicación de principios como la precaución.
Infraestructura Inadecuada: No hay tribunales especializados, laboratorios forenses ambientales ni herramientas tecnológicas para casos complejos. En regiones remotas, el acceso a la justicia es aún más precario.
Gravedad
La falta de una jurisdicción ambiental agrava la impunidad en casos de daño ambiental, afectando comunidades vulnerables y ecosistemas frágiles. Fallos como el del río Atrato (2016) muestran avances, pero su implementación es débil por estas carencias. Sin una reforma, Colombia incumplirá compromisos internacionales y perpetuará la vulneración de derechos ambientales.
Justicia Ambiental en Colombia: Retos y Desafíos para los Defensores de la Naturaleza